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TS: la policía no puede observar con prismáticos el interior de una vivienda sin autorización judicial · Noticias Jurídicas

publicado a la‎(s)‎ 4 may. 2016 8:47 por Marí & Porras Advocats

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Noticias Jurídicas

La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 20 de abril de 2016 (sentencia número 329/2016, ponente señor Marchena García), en la que establece que la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía, sin autorización judicial, vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

El TS se pronuncia así por primera vez sobre la incidencia en el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la Constitución) de la observación mediante prismáticos por agentes de Policía del interior de un domicilio.

Como consecuencia, el Tribunal Supremo considera ilícita la principal prueba de cargo obrante en contra de dos acusados de tráfico de drogas, que fue la actividad observada por la Policía en el interior de un domicilio, mediante prismáticos. Los dos acusados son absueltos por el alto tribunal.

Dejar las cortinas abiertas no autoriza la observación del interior del inmueble

Según el TS, la protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio, no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior, pues el domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas, como ocurría en este caso.

Es decir, la expectativa de intimidad no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los elementos de exclusión asociados a cualquier inmueble.

Interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.

Por ello, se vulnera la prohibición establecida por el art. 28 CE cuando sin autorización judicial y para sortear los obstáculos propios de la tarea de fiscalización, se recurre a un utensilio óptico que permite ampliar las imágenes y salvar la distancia entre el observante y lo observado, concluye la sentencia.

Necesidad de protección ante la intromisión virtual

Y es que, añade el Supremo, la protección frente a la incursión en un domicilio debe abarcar, ahora más que nunca, tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual, pues la revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del artículo 18.2 de la Constitución.

En este sentido, la Sala menciona que “La existencia de drones, cuya tripulación a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisión en recintos domiciliarios abiertos es sólo uno de los múltiples ejemplos imaginables.”

Pero incluso para el caso en que se entendiera que los supuestos de falta de presencia física por parte de los agentes en el domicilio investigado deben ser protegidos conforme al concepto general de intimidad que ofrece el artículo 18.1 de la Constitución, lo cierto es que en el presente caso no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso.

Los argumentos de la sentencia

Los argumentos de la Sala para estimar el recurso se contienen en los siguientes Fundamentos de Derecho (los destacados son nuestros):

2.- Lo que se trata de decidir no es otra cosa que la validez de la observación realizada por los agentes de la policía del interior de la vivienda del principal acusado –situada en el décimo piso de un edificio de viviendas- desde un inmueble próximo, valiéndose para ello de unos prismáticos. Los Jueces de instancia concluyen –a partir de un laborioso análisis de precedentes de esta Sala- que no ha existido intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad, pues “…la observación del interior de la morada se produce a través de aquello que los moradores han permitido ver a través de la ventana”.

La Sala no puede identificarse con este criterio a la hora de definir el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Es cierto que ningún derecho fundamental vulnera el agente que percibe con sus ojos lo que está al alcance de cualquiera. El agente de policía puede narrar como testigo cuanto vio y observó cuando realizaba tareas de vigilancia y seguimiento. Nuestro sistema constitucional no alza ningún obstáculo para llevar a cabo, en el marco de una investigación penal, observaciones y seguimientos en recintos públicos. A juicio de la Sala, sin embargo, la fijación del alcance de la protección constitucional que dispensa el art. 18.2 de la CE sólo puede obtenerse adecuadamente a partir de la idea de que el acto de injerencia domiciliaria puede ser de naturaleza física o virtual. En efecto, la tutela constitucional del derecho proclamado en el apartado 2 del art. 18 de la CE protege, tanto frente la irrupción inconsentida del intruso en el escenario doméstico, como respecto de la observación clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello es preciso valerse de un artilugio técnico de grabación o aproximación de las imágenes. El Estado no puede adentrarse sin autorización judicial en el espacio de exclusión que cada ciudadano dibuja frente a terceros. Lo proscribe el art. 18.2 de la CE. Y se vulnera esa prohibición cuando sin autorización judicial y para sortear los obstáculos propios de la tarea de fiscalización, se recurre a un utensilio óptico que permite ampliar las imágenes y salvar la distancia entre el observante y lo observado.

El razonamiento conclusivo de los Jueces de instancia para descartar la reivindicada nulidad probatoria no puede ser compartido por esta Sala. En el último párrafo del FJ 1º se afirma lo siguiente:

“…consideramos que en el supuesto a examen, la actuación de los agentes, derivada de la inmediatez del curso de los hechos, no supone la vulneración del derecho a la intimidad de los acusados en cuanto estos no establecieron obstáculo alguno que impidiese la visión del salón, como se desprende de la precisa información facilitada por los agentes, la cual sería inviable de haberse dispuesto obstáculos que impidiesen esa visión”.

Más allá de las dudas que suscita la equívoca referencia a la “…inmediatez del curso de los hechos”, lo cierto es que la protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio, cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior. El domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas. La expectativa de intimidad, en fin, no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los elementos de exclusión asociados a cualquier inmueble.

Interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.

El art. 588 quinquies a), introducido por la reforma de la LO 13/2015, 5 de octubre, en su apartado 1º dispone que “la Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, el art. 588 quater a) somete a autorización judicial la utilización de dispositivos electrónicos orientados a la grabación de imágenes o de las comunicaciones orales directas entre ciudadanos que estén siendo investigados, ya se encuentren aquéllos en un recinto domiciliario, ya en un lugar público. Es cierto que la reforma no contempla de forma específica el empleo de prismáticos. Éstos no permiten la grabación de imágenes. Sin embargo, la intromisión en la intimidad domiciliaria puede encerrar similar intensidad cuando se aportan al proceso penal las imágenes grabadas o cuando uno o varios agentes testifican narrando lo que pudieron observar, valiéndose de anteojos, en el comedor del domicilio vigilado.

En el presente caso, además, se da la circunstancia de que no concurría ninguno de los supuestos de legitimación de la injerencia a que se refiere el art. 18.2 de la CE. No medió autorización judicial. Tampoco existió consentimiento del morador, expreso o implícito, ni por actos concluyentes. Y ello pese al esfuerzo argumental de los Jueces de instancia para derivar esa autorización del hecho de no haber corrido las cortinas del salón principal de la vivienda sita en el piso 10 F del inmueble número 1, situado en la calle C. Ya hemos dicho que la protección constitucional frente a la incursión en un domicilio debe abarcar, ahora más que nunca, tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual.

La revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del art. 18.2 de la CE. La existencia de drones, cuya tripulación a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisión en recintos domiciliarios abiertos es sólo uno de los múltiples ejemplos imaginables. Pero incluso para el caso en que se entendiera que los supuestos de falta de presencia física por parte de los agentes en el domicilio investigado deben ser protegidos conforme al concepto general de intimidad que ofrece el art. 18.1 de la CE, lo cierto es que en el presente caso no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso.

3.- La resolución dictada por el Tribunal a quo cita, en apoyo de la validez de las pruebas obtenidas por los agentes que efectuaron los seguimientos, distintos precedentes de esta Sala. Sin embargo, no todos ellos resuelven las legítimas dudas que suscita el tema objeto de nuestra atención.

En efecto, el criterio permisivo que suscribe la sentencia de instancia encuentra respaldo en la STS 15 abril 1997 (rec. 397/1996), en un supuesto de hecho de significativas coincidencias con el que nos ocupa.

Allí puede leerse que “…en lo concerniente a si la observación realizada a través de una ventana requiere autorización judicial, la Sala estima que la respuesta también debe ser negativa. En efecto, en principio, la autorización judicial siempre será necesaria cuando sea imprescindible vencer un obstáculo que haya sido predispuesto para salvaguardar la intimidad. Cuando, por el contrario, tal obstáculo no existe, como en el caso de una ventana que permite ver la vida que se desarrolla en el interior de un domicilio no es necesaria una autorización judicial para ver lo que el titular de la vivienda no quiere ocultar a los demás”. (...)

Son, pues, muchos los supuestos en los que las tareas de vigilancia se valen de aparatos de reproducción del sonido y de la imagen. Los precedentes de esta Sala son muy variados respecto de la utilización de cámaras videográficas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (cfr. SSTS 1049/1994, 21 de mayo; 184/1994, 7 de febrero; 760/1994, 6 de abril; 173/1996, 7 de febrero; 245/1999, 18 de febrero; 299/2006, 17 de marzo; 597/2010, 2 de junio). No faltan casos en los que esas imágenes son obtenidas por cámaras de seguridad instaladas con arreglo a la LO 4/1997, 4 de agosto, de videovigilancia (cfr. STS 597/2010, 2 de junio; 1135/2004, 11 de octubre), o por particulares o entidades que se han valido, con uno u otro fin, de cámaras videográficas (SSTS 793/2013, 28 de octubre; 1154/2011, 12 de enero; 2620/1993, 14 de enero; 4/2005, 19 de enero; 1300/1995, 18 de diciembre; 20 noviembre 1987 y 21 septiembre 1988).

La jurisprudencia de esta Sala no se ha pronunciado sobre las implicaciones jurídicas de la utilización de prismáticos por los agentes de la autoridad, al menos desde la perspectiva de su potencial incidencia en el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Los escasos precedentes que pueden ser citados están relacionados con la suficiencia probatoria de quien, valiéndose de prismáticos, observa una acción delictiva que se desarrolla en vías públicas y a considerable distancia de la escena observada.

Podría entenderse que su empleo, a la hora de ponderar el grado de injerencia que permite en el recinto domiciliario, quedaría abarcado en la previsión analógica del apartado 2 del art. 1 de la LO 4/1997, 4 de agosto.

En él se dispone que “las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en esta Ley”. Sin embargo, para someter la utilización de prismáticos a los principios informadores del citado texto legal –que no son otros que principios de rango constitucional- no parece necesario resolver si la locución “medios técnicos análogos” es lo suficientemente flexible como para incluir en ella los prismáticos. Y es que el art. 6.5, bajo el epígrafe “principios de utilización de las videocámaras”, establece lo siguiente: “no se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial (…), ni de los lugares incluidos en el artículo 1 de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia”.

En definitiva, existió una intromisión en el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio, injerencia que tiñe de nulidad la observación que los agentes llevaron a cabo del intercambio de droga y la manipulación de una sustancia de color marrón, todo ello “…a través de uno de los dos ventanales que daban a la calle”. La vigilancia del comedor de la vivienda y de las idas y venidas de los moradores entre el salón y otras dependencias interiores del inmueble no puede considerarse como un acto de investigación sustraído a la exigencia de autorización judicial. No altera esta conclusión el hecho de que se tratara, como describe el relato de hechos probados, de “…dos ventanales que daban a la calle”. Repárese en que el factum alude a un décimo piso, ubicado en la calle C de Orense. Y esa inutilizabilidad de la principal prueba de cargo, al fin y al cabo, la que permitió la inmediata detención de Sinesio Ángel y la aprehensión de la droga, conduce al vacío probatorio y obliga a la consiguiente absolución de ambos acusados (cfr. SSTC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4; 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

5.- La declaración de nulidad de la pincipal y única prueba de cargo hace innecesario el análisis del recurso formalizado por el recurrente Sinesio, a quien aprovecha también la absolución por imperativo del art. 903 de la LECrim.”

Casi todos los Juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia y de lo Social soportan unas cargas de trabajo 'inasumibles' · Noticias Jurídicas

publicado a la‎(s)‎ 4 may. 2016 8:42 por Marí & Porras Advocats

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A 31 de diciembre de 2015, de los casi 4.000 órganos judiciales españoles,  1.695 están por encima del 150 por ciento del indicador medio de carga de trabajo.

En concreto, entre estos órganos se encuentran el 93 por ciento de los Juzgados de lo Mercantil, el 95 por ciento de los Juzgados de Primera Instancia y el 97 por ciento de los Juzgados de lo Social. En muchos de estos últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año. 

Así se desprende del informe “La Justicia dato a dato” presentado el pasado viernes en la Comisión de Justicia del Congreso por el presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes.

Necesidad de medidas urgentes

Para paliar esta carga de trabajo, que ha considerado “inasumible”, Lesmes ha enumerado una serie de medidas que, a corto plazo, servirían para atender las necesidades de carácter más urgente. La primera de ellas es la creación de nuevos órganos judiciales, al menos en aquellos casos en que se haya detectado que el déficit estructural es grave.

En concreto, requieren una pronta actuación los órganos de la jurisdicción social, que se enfrentan a una situación “crítica”, así como los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil –necesitados de más medios tecnológicos y de personal funcionario con conocimientos en tramitación concursal-.

En este sentido Lesmes ha insistido en la necesidad de crear nuevas plazas judiciales y ha recordado que, el pasado 25 de febrero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que consideró “ineludible e inaplazable” el aumento de la planta judicial.

Más asuntos resueltos y menos asuntos pendientes

Pese a ello, Lesmes se ha declarado “moderadamente optimista” al analizar la evolución de la situación de la Justicia española en el último año: en 2015 se resolvieron más asuntos que el año anterior, se finalizó con menos asuntos pendientes, los órganos judiciales están un poco menos congestionados y –con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en las Salas de lo Civil y de lo Social- los tiempos de respuesta han mejorado con carácter general.

“Esta tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros Juzgados y Tribunales”, ha añadido Lesmes, que ha destacado que “existe una excesiva carga de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización”.

El problema del modelo territorial de la Justicia

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido tambien al “evidente problema estructural” de la Justicia española, que carece de un modelo definido de organización territorial y de un demarcación y planta propias del siglo XXI.

“Existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia. Los procesos decisorios no están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias. Por lo demás, el mapa de transferencias a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de Justicia no se ha completado y corremos el riesgo de padecer un Justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos”, ha dicho Lesmes.

Por ello, ha advertido de que solo un nuevo modelo de organización permitirá que la Justicia sea más eficiente y ha invitado a los grupos parlamentarios a abrir una “gran reflexión” en la que se aborden las reformas estructurales pendientes, para lo que ha ofrecido la colaboración “leal y activa” del órgano de gobierno de los jueces.

¿Qué pueden esperar los consumidores de la futura sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo? · Noticias Jurídicas

publicado a la‎(s)‎ 28 abr. 2016 9:54 por Marí & Porras Advocats

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¿Qué pueden esperar los consumidores de la futura sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo? · Noticias Jurídicas

Noticias Jurídicas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró este martes la vista oral de la cuestión prejudicial (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15) en la que se basará para pronunciarse sobre la llamada retroactividad total de las cláusulas suelo: es decir, si la declaración de nulidad de las mismas debe conllevar la devolución del dinero a los clientes desde que éstos firmaron la hipoteca, una decisión que tendrá validez para todos los procedimientos vivos por cláusula suelo.

A partir de este momento, el Abogado General designado trabajará para presentar unas conclusiones que probablemente llegarán antes del verano. Aunque se trata de una opinión independiente y no vinculante, dicha opinión es acogida en la sentencia en un alto porcentaje de casos. La sentencia podría dictarse antes de finales de año.

Planteamiento de la cuestión

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, cuestionó ante el TJUE si la limitación de los efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo establecida por el TS es compatible con el derecho comunitario.

Se plantea la duda de si es posible moderar por los tribunales la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor en aplicación de la cláusula posteriormente declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia.

Además la vista pública se celebraba en relación a otros dos asuntos, cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Provincial de Alicante (C-307/15 y C-308/15), que se han acumulado para resolver en el mismo procedimiento.

La inclusión de las cláusulas suelo en España ha sido una práctica habitual desde el comienzo de la burbuja inmobiliaria (que duró desde 1997 hasta 2007). La mayoría de las hipotecas que se suscribieron durante esa época y posteriormente hasta el 2013 tenían un interés variable (fijado por el Euribor más un diferencial que pone el banco) y en muchas ocasiones el banco fijaba en la hipoteca un porcentaje mínimo a pagar por el comprador de la vivienda (suelo) aunque el Euribor más el porcentaje fijado por el banco fuera menor.

Recordamos que, hasta el momento, la doctrina emanada del Tribunal Supremo limita la devolución del dinero cobrado a los clientes en aplicación de la cláusula suelo al periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2013 (fecha de la primera sentencia y la actualidad).

Desde entonces, la solución de los tribunales nacionales al respecto no ha sido pacífica, de manera que distintas Audiencias Provinciales han dictado sentencias que contradicen el criterio seguido por el TS al establecer como fecha de referencia para el cálculo de las cantidades que las entidades financieras debían devolver a los consumidores una vez ganado el juicio, el día 9 de mayo de 2013.

La posición de Europa sobre las cláusulas abusivas

El art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, recoge los efectos de una cláusula abusiva, al disponer que “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.

La doctrina jurisprudencial del TJUE en interpretación de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores es clara al establecer la nulidad como efecto de las cláusulas abusivas utilizadas en los contratos con consumidores, prohibiendo la integración del contrato. Así, el tribunal ha declarado que cuando se haya declarado abusiva una cláusula, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados “a aplicar todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula”.

En su informe, fechado el 13 de julio de 2015, la Comisión se muestra contraria a la sentencia del TS español que considera nulas las cláusulas suelo, pero no permite la retroactividad, es decir, la obligación de que los bancos devuelvan a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por esta cláusula abusiva.

Sobre este mismo asunto tramitado por el TJUE, se ha llegado a pronunciar la Comisión Europea.

El informe de la Comisión Europea, con sus alegaciones ante el Tribunal de Luxemburgo se muestra favorable a la retroactividad total: “no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor –y a la que está obligado el profesional– en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia”.

¿Cómo afectará la decisión del TJUE?

Los efectos de esta futura decisión el TJUE afectará, en primer lugar, a los procesos pendientes, pues en su resolución el tribunal europeo interpretará, a la luz del derecho de la UE, la validez de la doctrina del TS, interpretación que será vinculante para el juez nacional que será el que dicte sentencia finalmente con arreglo a dicha interpretación.

Pero, también habría que plantearse qué ocurrirá con las sentencias firmes dictadas en este asunto y si sería posible interponer recurso de revisión.

En opinión de Vicente Magro, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, es un tema controvertido, de difícil encaje en alguno de los motivos que la LEC establece para interponer recurso de revisión. Así, considera que:

 «La STS de 25 de marzo de 2015, que ha fijado como doctrina que la declaración de nulidad de la cláusula suelo no se extiende a los pagos de intereses efectuados con anterioridad a la publicación de la STS de 9 de mayo de 2013, puede ser combatida por el TJUE en razón al informe elaborado por los agentes del servicio jurídico de la Comisión Europea sobre devolución de cantidades cobradas de más a los clientes hipotecarios, desde que empezó a aplicarse la cláusula suelo, y no solo desde mayo de 2013.

Ahora bien, surge la duda de la aplicación de esa sentencia a los casos ya resueltos por sentencia firme, dado que en los cuatro supuestos del art. 510.1 LEC resulta difícil encajar el de la sentencia del TJUE, y tampoco en el 2º, por lo que si los afectados consiguen que la decisión del Alto Tribunal europeo sea aplicable a una causa todavía abierta y sin  sentencia firme, sin embargo, todas aquellas sentencias que son firmes y definitivas,  y que tienen efecto de ‘cosa juzgada’ ya no podrán aplicarse lo que decida el TJUE de no poder encajar esta vía en el art. 510.1 LEC.»

Añade como argumento: «de ahí que el propio Tribunal Supremo haya suspendido su decisión sobre la no retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo hasta que dicte sentencia sobre esta cuestión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por ello muchos Juzgados y tribunales españoles han suspendido los procedimientos relativos a cláusulas suelo, quedando a la espera de la resolución que se adopte por Europa respecto a su retroactividad para evitar que adquieran firmeza si contra esas resoluciones no cabía recurso y devenían firmes y en otros casos en los que cabía recurso se han interpuesto estos para que pueda ser de aplicación el criterio del TJUE.»

Vista pública

En relación con la cuestión prejudicial que fue planteada en abril de 2015 por el Juzgado Mercantil nº 1 de Granada (asunto C-154/15), tras una demanda contra BBK Bank Cajasur, Ausbanc Abogados defendió en la vista pública en línea con lo establecido por diversos juzgados de primera instancia y audiencias provinciales españolas, que la retroactividad debe ser total, es decir, que la devolución del dinero cobrado por la cláusula suelo debe hacerse desde el momento en que se firmó la hipoteca, en aplicación de lo establecido en el artículo 1303 del Código Civil.

“El criterio fijado por el Tribunal Supremo respecto de la devolución parcial de las cantidades cobradas en virtud de la aplicación de las cláusulas suelo no respeta el denominado principio de equivalencia y además es contrario a la normativa europea y a la propia finalidad de la Directiva 93/13”, ha afirmado en la vista el abogado de Ausbanc, quien puntualizó las normativas comunitarias y españolas contrarias en este sentido.

El argumento del Gobierno español en sus alegaciones es que la Directiva “no se opone a una jurisprudencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro”, “en aras de preservar el equilibrio contractual y la seguridad jurídica”, que “limita los efectos económicos que pudieran derivarse de la declaración de nulidad desde la fecha de la sentencia, que por primera vez aprecia la abusividad de este tipo de cláusulas”.

Suspensión de recurso hasta la resolución del TJUE

Recientemente, la Sala de lo Civil del TS, mediante auto de fecha 12 de abril de 2016, decidió suspender la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el TJUE se pronuncie en el asunto C-154/15.

El TS accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente vinculada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo.

El TS recordaba además que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

Posturas enfrentadas en las Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales han adoptado soluciones divergentes sobre este extremo tras la citada sentencia de Pleno del Tribunal Supremo, y así entre las que acuerdan la irretroactividad lo hacen acogiendo los criterios del TS, aun tratándose de acciones individuales, pudiendo citar: SAP Cáceres 24-02-2014, SAP Burgos de 28-01-2014, SAP Zaragoza, 8 de enero de 2014, entre otras.

Pero hay un segundo grupo de Audiencias Provinciales, minoritario con respecto al primero, que entiende que procede declarar la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, sin que ello suponga contradecir la sentencia de Pleno del TS de 9 de mayo de 2013, por cuanto ésta no acuerda la irretroactividad como criterio general a aplicar a todas las cláusulas suelo abusivas, sino como excepción a la regla general de la retroactividad, al tratarse de una acción colectiva de cesación (que se eliminasen las clausulas suelo de los contratos de préstamo hipotecario de las entidades bancarias demandadas y no las usasen en el futuro).

El sector de Audiencias Provinciales que declaran la retroactividad lo hacen en aplicación de los arts. 9 y 10 LCGC y art. 1303 CC, considerando en general que no se dan las razones de afectación de la economía nacional que contempló el TS para excluirla, y para evitar el enriquecimiento injusto del banco. Podemos citar: Los argumentos sobre los que basan su decisión se centran en: SAP Málaga, Sección 6ª, de 12-03-2014, SAP Barcelona 16-12-2013, SAP Alicante de 12 de julio de 2013.

- el principio jurisprudencial de "no vinculación" a las cláusulas abusivas, que ha sentado en numerosas resoluciones el TJUE, al interpretar la Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993 (art. 6.1), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, lo que ha sido reiterada por el TJUE en sentencias de 26 de abril de 2012, y dos de 30 de mayo de 2013.

- el tratamiento paritario que deben tener todos los consumidores comunitarios, pudiendo darse lugar a injustificadas discriminaciones de trato dependiendo del Estado miembro, si se admitiera modulación en cuanto a la vinculación a las cláusulas abusivas declaradas nulas.

- por último señalan que "la legislación interna española tiene recursos más que conocidos (art. 1303 del Código Civil , art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, arts. 9 y 10 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación) para suprimir los efectos nocivos de la nulidad de una cláusula abusiva: se tendrá como no puesta y habrá lugar a la restitución de lo recibido, con sus intereses”

¿Y en los juzgados?

En una sentencia conocida hace unas semanas, un juzgado de Madrid declaraba la nulidad de las cláusulas suelo utilizadas por cuarenta entidades bancarias, por falta de transparencia.

El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid en sentencia de fecha 7 abril de 2016 , declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos por 45 entidades bancarias con consumidores, por falta de transparencia, y ha condenado a dichas entidades a eliminar las citadas cláusulas de los contratos en que se insertan y a cesar en su utilización de forma no transparente.

Además, la sentencia condena a la entidades bancarias demandadas a devolver a los consumidores perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, con los intereses que legalmente correspondan.

¿Es mejor donar la casa en vida o dejarla en herencia?

publicado a la‎(s)‎ 28 abr. 2016 2:24 por Marí & Porras Advocats

economia.elpais.com

Laura Delle Femmine

¿Es mejor donar la casa a los hijos en vida o dejársela en herencia? El desempleo, los bajos sueldos y la precariedad laboral siguen golpeando con fuerza al segmento más joven de la población y hacen que los padres se preocupen más aún por ellos y por dejarles solucionado el futuro. Plantearse cómo traspasar la casa familiar u otro inmueble antes de fallecer a través de una donación puede ser una opción a considerar, sobre todo si se quieren evitar posibles discusiones la hora de repartir la herencia o si se quiere ayudar a algún hijo en dificultades económicas. Pero hay que analizar varios aspectos antes de decidir.

Entre las claves a tener en cuenta están los costes fiscales, cuyo peso varía mucho en función de donde uno viva, ya que cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa en cuanto a sucesiones y donaciones. Xavier López, director del área fiscal de Sanahuja-Miranda Abogados, recuerda que, en general, las donaciones resultan “más gravosas a efectos de su tributación” que las herencias.

Francisco Rosales, notario en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y experto independiente de iAhorro.com, subraya por otro lado que los impuestos nunca deberían convertirse en la variable que determine la decisión final. “No hay que preguntarse cuánto cuesta, sino qué se necesita. Ante todo hay que conocer las consecuencias de lo que uno hace”, sostiene. En determinados casos (y según la situación de la familia) donar en vida puede aportar ventajas.

Costes fiscales, un punto importante a tener en cuenta

El hecho que las donaciones resulten generalmente más caras que las herencias se debe a que muchas regiones no contemplan bonificación alguna para esta figura jurídica, o someten su aplicación solo a ciertas situaciones y hasta determinados importes. 

En caso de sucesión, la regla general distingue si el hijo tiene más o menos de 21 años, ya que las ventajas fiscales son más amplias cuando el descendiente todavía no ha llegado a cumplir esta edad. A partir de los 21, solo Canarias, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y los territorios forales contemplan una bonificación superior al 95% sobre el impuesto que se aplica a la base imponible. Cuando la herencia se refiere a la adquisición de la vivienda habitual, sin embargo, siempre existe una reducción en la base imponible aplicable hasta un determinado importe, de acuerdo con las reglas fijadas por la normativa estatal. 

¿Cuánto cuesta heredar?

En el caso de adquisición de la vivienda habitual por herencia, la ley estatal prevé una reducción del 95% en la base imponible sobre la que se calcula el impuesto, hasta un importe máximo de 122.606 euros. Las Comunidades Autónomas pueden, a su vez, aumentar este porcentaje, modificar el límite y aplicar bonificaciones a la cuota que salga a pagar. En Andalucía, por ejemplo, se aplica una reducción del 99,9% en lugar que del 95%; en Madrid la deducción es del 95%, pero también se contempla una bonificación del 99% sobre el impuesto.

El impuesto sobre donaciones en Andalucía es 1.000 veces más caro que en Canarias

Si a la hora de heredar entran otros bienes, los costes aumentan. El Consejo General de Economistas pone el ejemplo de un soltero de 30 años que hereda bienes por 800.000 euros —200.000 de ellos en concepto de vivienda—: las Comunidades donde más se pagaría son Andalucía (164.000 euros), Asturias (162.000 euros) y Aragón (155.393 euros). En el otro extremo se situarían Canarias (134 euros), Cantabria (1.262 euros) y Madrid (1.582 euros). Además, el heredero tendrá que liquidar el Impuesto de plusvalía municipal, que depende de cada Ayuntamiento

“En función de donde vivas, la diferencia fiscal es salvaje”, reconoce Rosales. De poco valdrá mudarse a otra región para beneficiarse de una mejor fiscalidad: la normativa prevé que se aplique la ley de la Comunidad donde más tiempo se ha vivido en los últimos cinco años. Además, en el caso de sucesión la ley aplicable es la del lugar de residencia del fallecido o de la Comunidad donde radique la mayor parte de los bienes; para la donación se aplica la misma regla en caso de inmuebles, y si se trata de otros bienes se hace referencia a la ley donde tiene la residencia habitual quien recibe la donación.

¿Cuánto cuesta recibir una donación?

La normativa estatal no contempla reducciones específicas en caso donación de la vivienda habitual: cada Comunidad Autónoma fija sus reglas. Al margen de las bonificaciones, se suelen aplicar reducciones en la base imponible cuando se trata de la vivienda habitual o se dona dinero para que los hijos puedan comprar su primera casa. Por ejemplo, Castilla y León fija una reducción del 99% en las donaciones dinerarias que vayan destinadas a la adquisición de la primera vivienda, siempre y cuando el donatario sea menor de 36 años o tenga una minusvalía igual o superior al 65%. El importe íntegro —con un límite de 120.000 euros, o 180.000 en caso de minusvalía— se debe destinar a la adquisición del inmueble, que tiene que estar situado en la Comunidad Autónoma. También en este supuesto hay que sumar la plusvalía municipal, además del impuesto por incremento del patrimonio, que repercute en el IRPF y lo abonan los padres.

El donante puede imponer determinadas condiciones a cambio de la donación

Si no se trata de adquisición de la primera vivienda o donación de la vivienda habitual, las cosas cambian. El Consejo General de Economistas también en este caso pone como ejemplo una persona de 30 años que recibe 800.000 euros de los padres en metálico. El impuesto más caro se pagará en Andalucía (208.159 euros) y Asturias (205.920), seguidas por Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja (200.122 euros) y Aragón (177.706 euros); la carga fiscal más barata será en Canarias (200 euros) y Madrid (2.000). 

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas?

“Hoy heredar es mucho más barato que donar”, sentencia Ricardo Gulias, intermediario financiero independiente y director general de RN Tu solución hipotecaria. Pero, ¿siempre es mejor? Rosales recomienda dar a cada uno un trato personalizado, ya que “la fiscalidad no puede ser el motivo para elegir y la donación, aunque más cara, permite hacer más juegos”. Por ejemplo, explica que el donante puede imponer determinadas condiciones a cambio de la donación, como podría ser el cuidado de personas mayores. Hay que recordar que la donación es revocable también en caso de ingratitud: una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha determinado que el maltrato físico o psicológico son causa suficiente para que el acto pierda su efecto.

Fernando Gomá, notario en Madrid y autor en el blog ¿Hay Derecho?, recuerda por otro lado que una de las principales diferencias jurídicas entre una figura y otra reside en que, con la donación, se pierde la propiedad de inmediato, algo que no pasa con el testamento. En este último caso, “si se cambia de opinión se puede hacer otro testamento y anular a todos los efectos el anterior”, explica. También hay que mencionar que una eventual donación se descontaría de una sucesiva herencia, salvo se exprese lo contrario. En este supuesto, es como si fuera “un regalo que hago porque quiero, pero no un pago adelantado de la herencia”, ejemplifica el fedatario.

Rosales explica que existe también la posibilidad, más barata, de donar la propiedad pero reservarse el derecho a usar y disfrutar del bien hasta el fallecimiento. “Con esta fórmula, hay un equilibrio entre las partes: los hijos saben que los padres no van a dejarles sin herencia y cuál es definitivamente su parte, y por otro lado los padres están seguros de que mientras vivan quienes administran los bienes son ellos”, detalla Gomá. Cuando fallezca el donante “se consolidarán ambos derechos”, explica Ignasi Vives, responsable del área de derecho de familia y sucesiones de Sanahuja-Miranda Abogados: “El heredero adquirirá también el usufructo, por lo que tendrá la plena propiedad”.

Gulias concluye que “la donación es aconsejable si los padres quieren dejar algo en específico a un hijo, o si se quieren evitar eventuales problemas a la hora de heredar”. “Pero nunca hay dos casos iguales”, puntualiza Rosales: “Hay que consultar con el notario, que debe dar asesoramiento gratuito si se va a firmar una escritura. Merece la pena perder una tarde, porque si te arrepientes no hay vuelta atrás”.

La banca sabrá en julio si devuelve las cláusulas suelo desde 2009 o 2013

publicado a la‎(s)‎ 28 abr. 2016 2:22 por Marí & Porras Advocats

economia.elpais.com

Claudi Pérez

Las polémicas –o abusivas, según varios tribunales– cláusulas suelo de las hipotecas españolas están ya vistas para sentencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha celebrado hoy en Luxemburgo la vista oral para fijar el grado de retroactividad que puede exigirse a la banca para devolver el dinero cobrado por esas malas prácticas bancarias, condenadas una y otra vez por jueces españoles y europeos. Las conclusiones del abogado general de la UE estarán listas el próximo 12 de julio. Normalmente, esa decisión prejuzga la mayor parte de las veces la sentencia definitiva, que en todo caso llegará antes de fin de año, según fuentes judiciales. Ese fallo puede provocar una sacudida en las cuentas de resultados de varias entidades, que han empezado a provisionar por lo que pueda ocurrir.

El Tribunal Supremo subrayó en mayo de 2013 que todas las cláusulas suelo que no sean completamente transparentes son abusivas. Y, por lo tanto, nulas. Hace poco más de un año, el Supremo se ratificó, pero solo obligó a devolver las cantidades cobradas desde mayo de 2013. Habrá que ver si al final los tribunales europeos constatan que esa es la fecha de corte, o los hipotecados pueden recuperar su dinero desde noviembre de 2009, el momento en el que las bruscas caídas de los tipos de interés empezaron a activar algunas cláusulas suelo. Tras un informe demoledor de la Comisión Europea, la sentencia determinará el grado de retroactividad, pero también aspectos como la prevalencia o no de los tribunales nacionales respecto a los europeos en lo relativo a abusos en el sector financiero.

La defensa de los afectados ha apuntado hoy que la devolución retroactiva de los importes indebidamente cobrados no supondría riesgo sistémico para la banca española, informan EFE y Europa Press. Los abogados de las entidades afectadas han subrayado que España habría tenido que ampliar el programa de rescate que recibió para sanear su sector financiero (100.000 millones, del que se usaron unos 40.000) si la banca hubiera devuelto las cantidades logradas por la aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas, dijo el abogado de Cajasur en la vista que se celebra hoy en el Tribunal de Justicia de la UE.

La mayoría de hipotecas en España están referenciadas al euríbor, el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos europeos. Las entidades bancarias suelen referenciar los tipos de las hipotecas a ese indicador, al que añaden un diferencial; a partir de ahí, revisan los intereses de cada crédito con una periodicidad generalmente anual. Algunos de los bancos españoles se blindaron contra caídas del Euríbor, que actualmente está en tasas negativas, con las citadas cláusulas suelo, que impiden que los intereses que se cobran por la hipoteca se sitúen por debajo de un determinado listón. Una vez declaradas abusivas, la duda que queda por despejar es la retroactividad de las devoluciones.

En función del plazo variará el impacto en las cuentas de resultados del sector financiero español, que ha puesto en marcha una notable recapitalización pero tiene todavía una elevada morosidad, que ronda el 10%. Analistas Financieros Internacionales (AFI) calculó en un informe reciente que el agujero sería de 5.269 millones de euros si la retroactividad se detiene en mayo de 2013, y de hasta 9.700 millones en total si la sentencia dicta que se pueden recuperar los importes cobrados desde 2009.

¿Cómo saber si la declaración me sale a pagar o a devolver?

publicado a la‎(s)‎ 18 mar. 2016 11:05 por Marí & Porras Advocats   [ actualizado el 18 mar. 2016 11:08 ]

cincodias.com

¿Cómo saber si la declaración me sale a pagar o a devolver?

N. R.

La campaña de la Renta 2015 está a pocas semanas de arrancar: a partir del día 6 de abril los contribuyentes pueden confirmar el borrador, fórmula más cómoda y rápida de realizar la declaración. En principio, deben que cumplir con Hacienda todas las personas físicas residentes en España, pero hay excepciones. El contribuyente que sí haya generado ingresos y retenciones a cuenta puede, de hecho, elegir si le conviene o no hacer la declaración.

Aquellas personas que cobren menos de 22.000 euros de un único pagador (no cuenta si los pagadores secundarios no suman más de 1.500 euros). Si el contribuyente tiene varios pagadores el mínimo para presentar declaración baja a 12.000 euros (eran 11.200 antes de la reforma fiscal).

Igualmente, si el contribuyente cobra intereses o dividendos, ha ganado dinero invirtiendo en Bolsa, debe presentar declaración si los ingresos suman más de 1.600 euros. Si tiene en propiedad viviendas que no sean la habitual, deberá declarar si de ello deriva una imputación de rentas de más de 1.000 euros.

No obstante, aunque no esté obligado, el contribuyente sí debe presentar declaración si quiere recibir devolución de las retenciones o ingresos a cuenta aplicados. Por ejemplo, una persona con un salario bruto 15.000 euros está sujeta a una retención de unos 1.200 euros al año. Aunque este contribuyente no tenga obligación de presentar declaración, es recomendable que solicite el borrador para comprobar el resultado final de ésta, es decir, si sale a pagar o a devolver.

De este modo, si el borrador indica una declaración negativa (a devolver), el contribuyente puede confirmar el borrador y recuperar el exceso de retención. Si la declaración es positiva (a pagar), el contribuyente no está obligado a presentar la declaración, por lo que no tiene por qué pagar a Hacienda. Solicitar el borrador no genera implica la obligatoriedad de presentarlo.

Los contribuyentes que ya hayan hecho declaración de la Renta en ejercicios anteriores y que hayan solicitado el envío del borrador recibirán éste automáticamente. El resto de ciudadanos puede solicitarlo en la Agencia Tributaria cuando se abra el plazo para hacerlo, el 7 de abril. El borrador se puede pedir por teléfono o Internet mediante el sistema RENO, para lo que es necesario haber hecho declaración el año pasado, o mediante el sistema cl@ve PIN, en todos los casos.  

¿Qué puede deducir el casero si el piso no está alquilado?

publicado a la‎(s)‎ 18 mar. 2016 11:04 por Marí & Porras Advocats   [ actualizado el 18 mar. 2016 11:14 ]

cincodias.com

¿Qué puede deducir el casero si el piso no está alquilado?

J. V.

Un inmueble que está en alquiler pero sin arrendatario genera costes para el propietario que no siempre son deducibles en el impuesto sobre la renta. El criterio seguido por Hacienda indica que los gastos de una vivienda serán desgravables si tienen una relación directa con la obtención de ingresos. Así, en principio, la Agencia Tributaria rechaza la deducción cuando una vivienda en alquiler está vacía y, por lo tanto, no genera beneficios.

Sin embargo, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pone en duda esta postura para el caso de un contribuyente que vio como le denegaban la deducibilidad de los gastos de amortización, IBI, administración y calefacción de viviendas que no estaban arrendadas y no le reportaban beneficios.

El tribunal señala que el hecho de que “no se produzca el ingreso no excluye la contabilización del gasto y su deducción”. Es decir, la sentencia afirma que para calibrar la deducibilidad o no de un gasto debe tenerse en cuenta si es necesario para la obtención de un ingreso ahora o, y eso es lo importante, en el futuro. Bajo esta interpretación, el pago del IBI o las facturas para el mantenimiento de la casa sí serían deducibles.

“En definitiva, en el caso de la actividad de arrendamiento, se reconoce que existe una particularidad consistente en que los propios inmuebles generan una serie de gastos deducibles cuando su finalidad es mantener el inmueble en situación de poder ser arrendado”, señala José María Salcedo, abogado del despacho Ático Jurídico. “Si no se paga el IBI, o la luz, o el agua, puede producirse un embargo, o cortarse los suministros, lo que dificultaría la obtención de ingresos en el futuro”, concluye.

La sentencia hace referencia a una empresa y al impuesto sobre sociedades, sin embargo, Salcedo apunta que ello también afecta a contribuyentes con viviendas en alquiler y que tributan en el IRPF por actividades económicas.

En cambio, para propietarios que declaran los beneficios de su vivienda en alquiler como rendimientos de capital inmobiliario, las posibilidades de deducirse los gastos cuando el piso está vacío son mucho más limitadas. La ley del IRPF establece que gastos como los intereses del préstamo hipotecario o los derivados de la reparación y conservación de la vivienda solo podrán desgravarse si superan la cuantía de los ingresos. Esto significa que no son deducibles cuando los pisos en alquiler están vacíos. Sin embargo, ese gasto podrá descontarse en los siguientes cuatro años si el inmueble finalmente es arrendado. Por ello es importante guardar las facturas.

Para que un casero tribute en el IRPF por rendimientos de actividades económicas precisa tener al menos un empleado. En caso contrario, los beneficios se consideran rendimientos del capital inmobiliario.

Salcedo destaca que la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco, que afecta a normas forales, supone un argumento adicional para que los propietarios de viviendas en alquiler sin ocupar en el resto de España puedan reclamar su derecho a deducirse los gastos ante liquidaciones de la Agencia Tributaria.

Cita previa para la renta 2015: dónde y cuándo pedirla

publicado a la‎(s)‎ 18 mar. 2016 10:44 por Marí & Porras Advocats

cincodias.com

Cita previa para la renta 2015: dónde y cuándo pedirla

CINCO DÍAS / C. C.

El próximo 4 de mayo se inicia el servicio de petición de cita previa para atención en oficinas para confirmar el borrador o bien hacer la declaración de la renta 2015 (que se presenta entre abril y junio de 2016). Aquí van algunas claves:

- ¿Cuándo se puede pedir?

La cita previa para la realización de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones se podrá pedir desde el 4 de mayo al 29 de junio de 2016. La cita se solicita para ser atendido en oficinas desde el 10 de mayo hasta el 30 de junio. En caso de no poder acudir a la cita hay que anularla como mínimo un día antes.

- Dónde pedirla

Se puede solicitar a través de internet. También en el teléfono de petición de cita previa para Renta, 901 22 33 44 (de lunes a viernes de 9 a 19 horas) 

- Quién puede solicitarla

Para poder solicitar cita previa se tienen que cumplir estos requisitos:

  • No tener rentas del trabajo superiores a 65.000 euros.
  • No tener rentas del capital mobiliario de más de 15.000 euros.
  • No ejercer actividades económicas en régimen de estimación directa.
  • No haber realizado más de dos transmisiones patrimoniales.
  • No tener más de un inmueble arrendado.
  • No tener rentas derivadas de regímenes especiales, salvo imputaciones de rentas inmobiliarias.
  • No se confeccionarán declaraciones complementarias de años anteriores.

- Qué documentos hay que llevar

  • DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.
  • Autorización firmada por otros declarantes y su fotocopia del DNI (miembros de la unidad familiar o terceros), para presentar la declaración en su nombre.
  • Número IBAN de cuenta bancaria.
  • Referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler o en otras circunstancias

Además, justificantes de rendimientos de trabajo, documentos si ha habido despido en el trabajo, justificantes de rendimientos, datos de compra o venta de una vivienda o acciones, documentos para justificar deducciones, justificantes de subvenciones...

- ¿Cuántas citas se pueden pedir por contribuyente?

Se pueden pedir hasta un máximo de dos citas por contribuyente.

El Constitucional avala grabar al empleado sin su permiso

publicado a la‎(s)‎ 18 mar. 2016 10:40 por Marí & Porras Advocats   [ actualizado el 18 mar. 2016 10:40 ]

politica.elpais.com

El Constitucional avala grabar al empleado sin su permiso

El País

El Tribunal Constitucional ha avalado el uso de cámaras en el puesto de trabajo sin consentimiento del empleado, siempre y cuando la finalidad sea comprobar el cumplimento del contrato. La sentencia cuenta con los votos particulares de tres magistrados: Fernando Valdés Dal-Ré, Adela Asua (vicepresidenta) y Juan Antonio Xiol. Los dos primeros afirman que el fallo supone un "retroceso en la protección de los derechos fundamentales" de los trabajadores.

El pleno ha desestimado así el recurso de amparo presentado por una trabajadora de una tienda de ropa Bershka en León que fue despedida tras comprobar su empleador, mediante la instalación de una cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca, rechaza que, en este caso, la captación de las imágenes sin consentimiento expreso de la empleada haya vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen.

Según los hechos que constan en la sentencia recurrida, la demandante de amparo fue despedida en junio de 2012 "por transgresión de la buena fe contractual", tras comprobar la empresa que había sustraído efectivo de la caja de la tienda.

El departamento de seguridad de la empresa detectó, gracias a la implantación de un nuevo sistema informático de caja, que en el establecimiento en el que trabajaba la recurrente se habían producido "múltiples irregularidades".

Este hecho levantó sospechas sobre la posibilidad de que alguno de los empleados estuviera sustrayendo dinero, por lo que se encargó a una empresa de seguridad que instalara una cámara de videovigilancia que controlara la caja donde trabajaba la demandante de amparo.

Sin aviso previo

Los trabajadores no fueron avisados expresamente de la instalación de la cámara, pero sí se colocó en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, un distintivo informativo. La sentencia sostiene que la imagen es considerada "un dato de carácter personal" y que cuando los datos se utilicen "con finalidad ajena al cumplimiento del contrato", el consentimiento de los trabajadores afectados "sí será necesario", señala la resolución.

Sin embargo, el fallo también afirma que, de acuerdo con la LOPD, "el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes". Argumenta que el Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario la facultad de dirección, lo que le permite "adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana".

Por tanto, señala el tribunal de garantías, "el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato".

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