Fecha de publicación: 04-may-2016 15:42:01

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A 31 de diciembre de 2015, de los casi 4.000 órganos judiciales españoles, 1.695 están por encima del 150 por ciento del indicador medio de carga de trabajo.

En concreto, entre estos órganos se encuentran el 93 por ciento de los Juzgados de lo Mercantil, el 95 por ciento de los Juzgados de Primera Instancia y el 97 por ciento de los Juzgados de lo Social. En muchos de estos últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.

Así se desprende del informe “La Justicia dato a dato” presentado el pasado viernes en la Comisión de Justicia del Congreso por el presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes.

Necesidad de medidas urgentes

Para paliar esta carga de trabajo, que ha considerado “inasumible”, Lesmes ha enumerado una serie de medidas que, a corto plazo, servirían para atender las necesidades de carácter más urgente. La primera de ellas es la creación de nuevos órganos judiciales, al menos en aquellos casos en que se haya detectado que el déficit estructural es grave.

En concreto, requieren una pronta actuación los órganos de la jurisdicción social, que se enfrentan a una situación “crítica”, así como los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil –necesitados de más medios tecnológicos y de personal funcionario con conocimientos en tramitación concursal-.

En este sentido Lesmes ha insistido en la necesidad de crear nuevas plazas judiciales y ha recordado que, el pasado 25 de febrero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que consideró “ineludible e inaplazable” el aumento de la planta judicial.

Más asuntos resueltos y menos asuntos pendientes

Pese a ello, Lesmes se ha declarado “moderadamente optimista” al analizar la evolución de la situación de la Justicia española en el último año: en 2015 se resolvieron más asuntos que el año anterior, se finalizó con menos asuntos pendientes, los órganos judiciales están un poco menos congestionados y –con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en las Salas de lo Civil y de lo Social- los tiempos de respuesta han mejorado con carácter general.

“Esta tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros Juzgados y Tribunales”, ha añadido Lesmes, que ha destacado que “existe una excesiva carga de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización”.

El problema del modelo territorial de la Justicia

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido tambien al “evidente problema estructural” de la Justicia española, que carece de un modelo definido de organización territorial y de un demarcación y planta propias del siglo XXI.

“Existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia. Los procesos decisorios no están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias. Por lo demás, el mapa de transferencias a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de Justicia no se ha completado y corremos el riesgo de padecer un Justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos”, ha dicho Lesmes.

Por ello, ha advertido de que solo un nuevo modelo de organización permitirá que la Justicia sea más eficiente y ha invitado a los grupos parlamentarios a abrir una “gran reflexión” en la que se aborden las reformas estructurales pendientes, para lo que ha ofrecido la colaboración “leal y activa” del órgano de gobierno de los jueces.